Fiscales acusan a Delgado de vaciar de contenido Antidroga

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04/11/2020 La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, durante el acto de presentación de la Guía para el Uso Forense del ADN. En Madrid, (España), a 4 de noviembre de 2020. Esta guía tiene como finalidad facilitar el conocimiento del uso forense del ADN a los profesionales en el ámbito de la Administración de Justicia y ofrecer una aproximación a los distintos preceptos legales y estándares científicos relacionados con la prueba del ADN. POLITICA Marta Fernández Jara - Europa Press

La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera fiscal, ha acusado a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de vaciar de contenido, y “por la puerta de atrás”, la Fiscalía Especial Antidroga que dirige José Ramón Noreña al designar al fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza como refuerzo de la misma para el Campo de Gibraltar.

La AF ha emitido un comunicado este jueves para expresar su “más firme apoyo” a Noreña, que el pasado lunes presentó un escrito ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para manifestar su discrepancia con el nombramiento de Zaragoza, calificándola directamente de “ilegal e improcedente”.

La asociación fiscal entiende igualmente que las funciones y competencias de Noreña “se han visto directamente afectadas” por la designación de Zaragoza, alegando que “se invaden las competencias propias de la Fiscalía Especial”. “Se la vacía de contenido, por la puerta de atrás”, ha afirmado.

La AF ha explicado que, si bien la FGE puede nombrar entre los fiscales de sala a un delegado en materias de su competencia, quedan excluidas la lucha contra el narcotráfico y contra la corrupción porque para eso ya existen fiscalías especializadas. En el caso de Antidroga, ha recordado que funciona desde 1988 y “sus competencias están perfectamente definidas” en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

Esto, ha sostenido, “evidencia que los fiscales de sala podrán ser designados delegados por la FGE en materias que exijan un tratamiento especializado no atribuidas a una de las dos fiscalías especiales”, por lo que “no hay lugar en la regulación expuesta a la confusión entre secciones especializadas y fiscalías especiales”.

“Quizás por todo ello, el acuerdo adoptado por el decreto dictado por la FGE no es la designación de un fiscal de sala delegado sino de un ‘fiscal de refuerzo en materia de lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales derivado de anterior en el área territorial del Campo de Gibraltar y zonas aledañas'”, ha apuntado la AF.

No obstante, a su juicio también “resulta evidente que no puede tratarse de un fiscal de refuerzo, dado que esto supone la creación por circunstancias especiales de una plaza sobre plantilla y que por ello precisa de dotación presupuestaria, siendo únicamente competente el Ministerio de Justicia”.

Un ‘Tertium Genus’

Así, ha concluido que “estamos ante un ‘tertium genus’, el fiscal de sala delegado en materia propia de una fiscalía especial a la que sirve de refuerzo para un territorio y sus aledaños, que carece de previsión legal en cuanto a su existencia, competencias, integración y/o relación con la fiscalía especial”.

También ha criticado que la designación de Zaragoza se ha efectuado “sin un procedimiento que tenga en cuenta los principios de publicidad, de igualdad y con sujeción únicamente a los criterios de mérito y capacidad, y de libre concurrencia”.

A este respecto, ha querido subrayar que a Noreña “no se (le) ha hecho partícipe en forma alguna de la decisión adoptada, más allá de la mera notificación de la misma operada mediante correo electrónico”.

“Insoportable anomalía”

La AF ha aprovechado esta coyuntura para “señalar, una vez más, la insoportable anomalía que supone que por la FGE se desdeñe lo establecido en las normas reguladoras de nuestra institución y en otras tantas instrucciones de manera absoluta, desconociendo así los derechos de los miembros del Ministerio Fiscal”.

En este sentido, ha recordado que tanto la Constitución como el propio EOMF definen al Ministerio Público como “la institución del Estado que tiene encomendada la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley”.

“Cómo podría mantenerse que precisamente el garante de la observancia de la ley pueda, sin embargo, apartarse de ella sin quebrar no sólo la naturaleza del Estado de Derecho sino también la funcionalidad misma del Ministerio Fiscal”, ha planteado.