Las empresas de la provincia mantienen importantes caídas de ingresos

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Una empleada de un establecimiento hostelero con mascarilla. Foto: Manolo Glez.
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Las empresas de la provincia de Cádiz continúan manteniendo importantes caídas de ingresos transcurridos dos meses desde el inicio del estado de alarma, decretado por el Gobierno el pasado 14 de marzo, según se desprende de la segunda oleada de la encuesta sobre situación de las empresas realizada por la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC). Las respuestas reflejan un incremento de la solicitud de ERTE de un 4%, optando el 73% de los encuestados por el de fuerza mayor. Esto supone el 90% de los ERTE solicitados.

En este segundo sondeo, realizado entre los días del 24 de abril al 17 de mayo, ha participado 452 empresas. El primer sondeo se realizó entre el 31 de marzo y 8 de abril, durante la fase con más restricciones a la movilidad. En este segundo las empresas han respondido a las mismas cuestiones, pero tras iniciarse la desescalada del confinamiento.

El análisis comparativo de ambas muestras aporta una visión global de las preocupaciones y las inquietudes del empresariado, basado en su situación y la repercusión en sus negocios. 

El primer indicador se refiere al estado de actividad. Un 34% de las empresas siguen inactivas, frente al 52% de la primera oleada. No obstante, a medida que los cambios de fase del estado de alarma han permitido abrir empresas, no solo han mantenido fórmulas de teletrabajo, sino que se han incrementado en un 6% respecto a la primera oleada. La apertura de empresas y el teletrabajo se mantienen como opciones complementarias.

Respecto a los problemas con los que se enfrentan las 297 empresas encuestadas que mantienen su actividad, la falta de trabajo sigue siendo el mayoritario, el 53%. La falta de equipos de protección aún seguía siendo un problema para el 23% de las empresas activas entre el 24 de abril y el 17 de mayo, mientras que la falta de suministro afectó al 21%. El absentismo ha sido un problema para el 3% de estas empresas activas. Estos indicadores apenas han tenido modificaciones porcentuales entre uno y otro período.

El factor ingresos se mantiene en ratios muy elevados de reducción respecto a la etapa pre-COVID. La mayor parte de las empresas encuestadas, el 43%, reflejan pérdidas entre el 80 y el 100% de ingresos. Si se suman a éstas las que tienen pérdidas de entre el 60 y el 80%, ambos tramos suman el 62% de las respuestas. Casi dos de cada tres empresas están sufriendo una reducción de al menos el 60% en sus ingresos. El promedio de estimación de pérdidas oscila entre el 60% y el 65%. En el primer sondeo, el promedio era del 75%.

Respecto a los autónomos, se incrementan en un 11% las solicitudes por cese de actividad, convirtiéndose en esta oleada en un factor que afecta al 44% de estos pequeños empresarios.

En el capítulo de ERTE, 416 empresas han contestado a la pregunta planteada. De ellas, el 58% ha presentado expedientes temporales, frente al 38% que no han optado por esta herramienta y un 4% planteaba hacerlo próximamente cuando respondieron a la encuesta. Estos indicadores reflejan un incremento de un 4% de ERTE solicitados respecto a la primera toma de muestras. Las tipologías de ERTE no varían sustancialmente: el 73% de las empresas se acogen al motivo de fuerza mayor, tanto con cierre total como con servicios mínimos.

Por último, la financiación sigue siendo un factor esencial para la supervivencia de las empresas, como se recoge en la segunda oleada de la encuesta. El 38% de las empresas ha solicitado préstamos y un 19% lo hará próximamente.

Sánchez Rojas: “Unidad y consenso para la reactivación

El presidente de la organización empresarial, Javier Sánchez Rojas, ha reiterado, tras el análisis de estos datos, la importancia de trabajar “desde la unidad y el consenso para poder afrontar la complicada situación a la que se enfrenta nuestra sociedad”.

“Cuantificar los daños es la base para proponer medidas de reactivación de las empresas en el corto, medio y largo plazo, armotizándolas desde todos los ámbitos de las administraciones, instituciones, partidos políticos y agentes sociales”, señala Sánchez Rojas.

Las medidas fiscales, financieras y regulatorias en materia laboral “deben poner el foco en la reactivación económica, en paliar los daños económicos y sociales de la pandemia”, sostiene el presidente de la CEC, reiterando la puesta a disposición de la organización empresarial “a este gran objetivo común que tenemos como provincia”.